El polémico “megasorteo” anunciado en Florencia durante la veda electoral previa a las elecciones municipales de junio de 2025 vuelve a ocupar el centro de la escena judicial. Tanto el intendente Fabio Villa como la actual presidenta del Concejo Municipal, Marcela Muchut, permanecen vinculados a la investigación penal iniciada a partir de aquel episodio.

El hecho se produjo en la víspera de los comicios, cuando se difundió un video en el que se anunciaba el sorteo de distintos premios —entre ellos motocicletas, electrodomésticos, una bicicleta y teléfonos celulares— condicionado al triunfo electoral de Villa. La situación derivó en denuncias ante la Justicia Electoral y en una investigación penal.

La Justicia Electoral de Santa Fe ya se expidió sobre el episodio. En octubre de 2025, el Tribunal Electoral resolvió imponer una sanción económica de $15 millones a Fabio Villa y $10 millones a Marcela Muchut, con destino a Cáritas Argentina, al considerar acreditada la violación de la veda electoral mediante la difusión del ofrecimiento de premios condicionado al resultado de la elección.

Ahora, el expediente penal continúa su recorrido y se espera que el fiscal Koguc avance con las actuaciones correspondientes. En los últimos meses, además, el Partido Justicialista se presentó como querellante en la causa, buscando tener participación formal en el proceso judicial.

Otro de los pasos que ya se concretó fue la identificación de los involucrados. A mediados de enero, tanto Villa como Muchut concurrieron para la toma de sus huellas dactilares, un procedimiento que, en el lenguaje popular, suele describirse como que “les pintaron los dedos”.

De esta manera, mientras la sanción electoral ya fue dictada, resta conocer cómo continuará la investigación penal y si finalmente la Fiscalía formaliza una imputación contra el actual intendente de Florencia y la presidenta del Concejo Municipal.

El caso se inició por un sorteo que finalmente no llegó a concretarse, pero que generó una fuerte repercusión política y judicial al haber sido anunciado durante la veda electoral y condicionado al resultado de los comicios. La Justicia Electoral ya estableció una sanción económica y ahora la atención está puesta en el avance de la causa penal. 

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