Nacionales: La defensa de Cristina encontró una prueba que pone en jaque el corazón de la condena por Vialidad
16/09/2026
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Es un informe de Vialidad Nacional con la totalidad de los fondos que recibieron distintas empresas de obra pública entre 2009 y 2015. Los abogados esperan que en octubre haya novedades del Comité de DDHH de la ONU.
Los abogados defensores de Cristina Fernández de Kirchner anunciaron el hallazgo de una prueba que desmentiría el núcleo de la condena en la causa Vialidad. Se trata de una planilla de Excel que apareció en el juicio de los Cuadernos y que muestra que, al contrario de la acusación, Lázaro Báez de Austral Construcciones fue uno de los empresarios que menos fondos percibió para obras públicas entre 2009 y 2015.
Así lo anunciaron en la tarde de este martes los letrados Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, encargados de la estrategia de defensa internacional de la ex mandataria.
En conferencia de prensa, los abogados contaron que pidieron acceder a una base de datos de la Dirección Nacional de Vialidad que se ventiló en la causa Cuadernos y que expuso datos sobre la utilización de fondos del Fideicomiso Sisvial, destinado a obras públicas. En ese documento, detallaron, encontraron que entre 2009 y 2016 la empresa de Báez recibió apenas el 0,85% del total de esos fondos.
Los abogados también mostraron un ranking de las empresas que más fondos recibieron durante el gobierno de Cristina Kirchner para llevar adelante obras viales. En ese cuadro con las 15 constructoras de las obras financiadas con ese instrumento el Grupo Austral no figura. Por el contrario, la empresa que encabeza el ranking es IECSA S.A. con un 16,36% de participación en el total de fondos otorgados.
“Esos datos ponen a la acusación en una contradicción radical e insostenible. Ese grupo empresarial (por Austral) tuvo una participación ínfima. Los principales beneficiarios son una empresa vinculada a oponentes políticos de la ex presidenta”, afirmó Valim, el abogado brasileño que fue parte de la defensa de Lula Da Silva en el caso Lavajato.
La referencia es ineludible: la empresa IECSA S.A. no es otra que la que estuvo encabezada por Ángelo Calcaterra, primo hermano del ex presidente Mauricio Macri.
Durante la presentación, los abogados también expusieron un detalle de los pagos percibidos por la empresa de Báez en el mencionado período.
Ahí figuran pagos en 2009 por un 1,63% del total de fondos que giró el Sisvial para obras públicas; en 2010 (3,26% del total) y en 2011 (0,18%). Entre 2012 y 2015 no figuran pagos, de acuerdo a esa documentación oficial.
Al iniciar la presentación de este martes, Beraldi recordó que el núcleo de la acusación y la condena a seis años de prisión giró en torno al supuesto favorecimiento del gobierno kirchnerista en favor de Báez. Eso habría sido por medio del Decreto 54/2009, que incluyó a la Dirección Nacional de Vialidad entre los beneficiarios del Sisvial, el fideicomiso destinado específicamente a obras viales.
El abogado insistió con que ese decreto fue una norma de carácter general, lejos de lo que plantearon los jueces del Tribunal Oral Federal 2 y de la Cámara de Casación.
“Este elemento nuevo pone en evidencia que la sentencia contra Cristina Kirchner es absolutamente injusta. Se terminó condenando a una persona inocente”, afirmó Beraldi.
La novedad fue incorporada por la defensa al planteo anunciado a fines de julio pasado, presentado ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU). En ese entonces habían pedido la revisión integral de la condena por administración fraudulenta y una serie de medidas cautelares. Entre esas últimas, la revisión de las condiciones de prisión domiciliaria que pesan sobre Cristina Kirchner y la suspensión de la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
La revisión de la condena es un punto que no tendrá un tratamiento inmediato. En cambio, los abogados de la ex mandataria esperan que haya novedades en el corto plazo respecto a los pedidos cautelares que hicieron, relacionados con las condiciones de domiciliaria y la inhabilitación para ejercer cargos.
La próxima reunión del Comité está prevista para octubre próximo. Si hay una decisión favorable, lo esperable es que presenten un recurso de revisión ante el Poder Judicial argentino, para dotar de impacto real del eventual fallo del Comité.
“Se contempla la posibilidad de que con la mera interposición del recurso se pueda pedir la suspensión de la ejecución de la condena. No descarto que estemos en condiciones de que un tribunal disponga la suspensión de la condena hasta tanto se dicte la sentencia de fondo”, añadió Beraldi.
Fuente: Tiempo Argentino.
Fuente: Tiempo Argentino.
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