Una medida calificada de "dictatorial" y violatoria de la legislación

Desde diversos sectores políticos se calificó la actitud del mandatario como "dictatorial" y se advirtió que la medida viola la legislación vigente. Al respecto, se hizo hincapié en el marco normativo federal que protege el patrimonio histórico y los sitios de memoria:

• Ley Nacional N° 12.665: De acuerdo con la normativa sobre bienes históricos declarados por el Congreso o legislaturas, el municipio no tiene potestad para alterar, mover o destruir monumentos o placas sin la autorización expresa de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.

• Infracción a normativas federales: La remoción de estas referencias por cuestiones político-partidarias locales infringe las disposiciones federales vigentes.

El fuerte cruce político

Ante la decisión del Ejecutivo, las críticas no tardaron en llegar, contrastando la legitimidad de las gestiones: "Podrán quitar las placas pero no podrán borrar que fue un gobierno elegido por el voto popular y que no asumió como Villa, condenado por promover un sorteo en plena veda electoral para que lo voten", expresaron con dureza referentes locales.

Acciones en el Concejo Municipal

Ante esta situación que vulneraría las normativas vigentes y el patrimonio comunitario, los concejales Julián Mallo y Walter Vallejos tomaron cartas en el asunto y anunciaron que harán los reclamos formales en el Concejo Municipal para exigir explicaciones al Ejecutivo y frenar este tipo de accionar arbitrario.

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